El poder de la mentira

Juan Diego López

El poder de la mentira es tan grande que todo lo explica fácilmente. Por eso resulta más accesible que la verdad. La mentira implica dos cuestiones reales: referirse a los hechos e interpretarlos. Si así no fuera, no habría mentira alguna porque sería un absurdo. Aunque hay mentiras absurdas, el absurdo no es la base de la mentira; la base real de la mentira es la realidad.

Al contrario de lo que podría pensarse, la mentira no busca el engaño. Es decir, la mentira no busca dar por sentado algo que sea falso. La mentira se propone confundir y, eventualmente, a fuer de repeticiones y falsedades, mostrar la realidad mentida como un hecho real. Mentir es falsificar: crear una falsa realidad, basada en hechos reales, pero fundamentada en mentiras puras, en interpretaciones abusivas o en la simple mala fe.

La mentira es la más fácil de las conceptualizaciones porque apela a los sentimientos y jamás a la razón. Habla de lo inmediato. De lo “evidente”, de lo “palpable” y de lo “real”. Por eso, la mentira promovía el geocentrismo, porque lo evidente y palpable era que el sol giraba entorno a la tierra y la tierra habría de ser el centro del Universo. Era mentira no porque no pareciera real, sino porque se exigía su realidad. Hoy día, la exigencia inquisitorial de antaño se transforma en un asunto de “principios”, en algo que se debe creer porque hay ciertas fuerzas superiores que lo exigen.

Las mentiras sobre el TLC exigen una posición de “principios”. Como dijo Ottón Solís, no hay que leerlo para saber que es malo; como dijo Salom, no hay que saber de asuntos internacionales para entender que nos van a convertir en productores y consumidores de armas; como dijo Freddy Pacheco, no hay que leerlo para saber que se van a tomar nuestra agua o como dijo Guillermo Quirós, quién hizo, eso sí, una lectura ideológica y que no resiste ni un examen lógico, y menos jurídico, que vamos a perder nuestro mar patrimonial.

El poder de la mentira es tan doloso que Ottón Solís se trae a dos congresistas estadounidenses, declarados defensores de la supremacía norteamericana, sobre todo, contra América Latina y que han votado en contra de cualquier beneficio para nuestros países y, especialmente, contra Costa Rica. Basta digitar los nombres de Bernard Sanders o Michael Michaud para saber la clase de anti latinoamericanistas y de racista que son. Que hayan votado en contra de nuestro país (y que tengan la desvergüenza de venir a hablar contra el TLC) no es lo relevante: lo que importa es que sea Ottón Solís quien los traiga para hablar a favor de los intereses estadounidenses. No en vano, se ha hablado en el sistema judicial de un caso de verdadera traición a los intereses nacionales.

El poder de la mentira no respeta ni siquiera investiduras. Un grupo de sacerdotes, formado por muchos que ahorcaron sus hábitos tiempo ha, que no son ni siquiera aceptados por la institucionalidad vaticana y comandados por Ignacio Trejos, un fanático, clasista y quien quisiera que los ticos fuéramos todos campesinitos ignorantes y obedientes de sus propias perversiones religiosas, vienen con sotana a decir que no. Dejaron a su mujer en casa, a sus amantes en la de ellas, a sus hijos en el kinder de lujo y aparecen con cara de inocentes como si de veras fueran sacerdotes. No en vano la curia los desautorizó: son apostatas y falsarios que viven la vida en una doble y vergonzosa moral. Se pintan de curas cuando les conviene y cuando no, se transforman en padres de familia, en donjuanes o gente disoluta como cualquier otra persona. Ahora se ponen cuello y sotana para decir que están en contra del progreso.

El poder de la mentira es enorme y no respeta nada. Critican que la resolución de disputas se dé en organismos internacionales, se rasgan las vestiduras por la traición a nuestra propia legalidad, pero José Miguel Corrales no duda en llevar sus delirios a tribunales internacionales y acusar a nuestras instituciones de parcialidad. Su intención no es fortalecer sino sembrar la duda y socavar. El más fracasado de los políticos de los últimos tiempos, quiere vengarse de los costarricenses porque nunca lo consideraron apto para gobernar.

El poder de la mentira tiene ribetes tecnológicos. El rector Trejos se ha desecho en disculpas por sus declaraciones contra Canal 6. Ha dicho que, mañana 28 de setiembre, pedirá espacio en la prensa para aclarar su actitud contradictoria y xenofóbica. ¿Cuánto recibe el ITCR por vía de la cooperación internacional y cuánto podría dejar de percibir? ¿Hasta adónde pone este rector en peligro el financiamiento futuro de la institución? ¿Renunciará por ello?

El poder de la mentira, la doble moral y la desvergüenza son enormes. La discusión acerca del TLC lo ha mostrado: ha sacado a relucir el talante de nuestros líderes políticos y de nuestros mejores talentos. La mesa está servida: ¿Queremos que nuestros hijos sean como Franklin Chang o como Albino Vargas, como Óscar Arias o como Merino? Pronto podremos escoger.


28 de setiembre de 2007

La renuncia de Casas

Juan Diego López

Ya, señores del No, ya renunció Casas. Todos creímos que era lo correcto. No por lo que dijo (que si pudiéramos interceptar los correos de toda la Asamblea y de los partidos políticos de seguro seríamos fuyimoristas), sino por su significado. Lo cierto es que nunca se ha podido decir que su memorable memorandum sea política oficial del SÍ ni del gobierno. Lo de Casas fue una dulce ingenuidad y ahora se transforma en un acto de buena fe, suya propia y del gobierno. ¿No han dicho peores cosas Ottón Solís, Albino Vargas y José Miguel Corrales? ¿No han dicho que no se lea el Tratado, no han dicho que se tomarán las armas y no han urdido una conspiración contra el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿No están ellos atentando contra la institucionalidad del país, no han optado por la vía de la violencia y de las amenazas desde antes de las elecciones presidenciales? ¿No son ellos los responsables de despertar el clima de guerra civil, promoviendo la intervención extranjera, despertando la sospecha sobre las instituciones nacionales y empleando métodos de barricada?

Casas renunció. El gobierno asumió la gravedad de su error y ¿ahora qué? ¿Hace esto mejor o peor el TLC? ¿Hace esto ciertas las mentiras sobre la resolución de controversias, sobre las medicinas, sobre la legislación laboral, sobre las telecomunicaciones, sobre el tráficos de órganos, sobre las armas o sobre el agua? ¿Acaso el rector Trejos ha tenido la dignidad de renunciar a su cargo y enfrentar su enfermiza pasión política sin acuerparse en una institución que no le pertenece? ¿Acaso Albino Vargas ha tenido la vergüenza para renunciar a su vergonzosa sinecura, de la que mama desde hace varios lustros y con la cual se pensionará sin haber trabajado como cualquier ser humano? ¿Acaso Ottón Solís, José Miguel Corrales, los Carazo, Merino y todos sus secuaces tendrían siquiera la dignidad de asumir sus responsabilidades políticas y poner a disposición del pueblo, de los tribunales y de la consciencia social, su accionar sedicioso y su traición a los valores que les mantiene en la palestra política?

Para repetir un adagio chileno, la renuncia de Casas les jala de la lengua a los del NO. ¿Cuántos habrán de seguir ese ejemplo? ¿Renunciarán los dirigentes a sus puestos milenarios y se pondrán a la orden de los tribunales para investigar su llamado a la sedición y a la violencia? ¿Renunciarán los rectores universitarios a sus cargos para probar que no emplean los recursos públicos en esta lucha que han asumido como asunto puramente personal? ¿Permitirán los dirigentes sindicalistas, renunciando a su estatus de vividores y parásitos, que se investiguen sus manejos organizacionales, su respeto a la propia legalidad que han impulsado, sus fondos personales y su legitimidad social? ¿Quiénes serán los valientes que a partir de hoy den las muestras de buena fe y de su dignidad política?

¿Quiénes habrán de seguir el destacado ejemplo de madurez y transparencia que hoy vive la sociedad costarricense?

La fabricación de una mentira televisiva

Juan Diego López, M.Sc.

El falso reportaje periodístico titulado “Consecuencias del TLC”, que se refiere a un supuesto informe de la CEPAL sobre los cuatro años de la vigencia del NAFTA y los efectos negativos sobre México, es un vergonzoso engaño.

Se presenta como si se tratara de un reportaje de alguna agencia noticiosa internacional. La escenografía refuerza esta idea falsa con un despliegue impresionante de generación de imágenes, datos y con un fondo de monitores que hacen pensar que se origina en una empresa periodística internacional. La presentadora fue cuidadosamente escogida para imitar el acento, las inflexiones y el estilo de figuras de la prensa mundial. Cualquier desprevenido pensaría que recibe una información de CNN en español y que la presentadora es la propia Patricia Janiot. No hay duda de que se gastó mucho dinero en su elaboración y de que se emplearon las más modernas y sofisticadas técnicas televisivas.

No obstante, el mensaje no muestra ningún tipo de autoría, no se genera en ninguna agencia de noticias, en ningún noticiario reconocible, no se transmite por canal alguno y se desconoce la identidad de la presentadora, así como de la organización periodística que respaldaría tal información. Se trata, pues, de un mensaje anónimo y espuriamente atribuido, por medio de refinadas connotaciones, a la prensa internacional. Estamos en presencia de un vulgar montaje publicitario dirigido deliberadamente y con alevosía a provocar la confusión y a divulgar falsas informaciones.

Por ejemplo, en el “reportaje” se dice que la tasa de desempleo en México es de más del 30%. Sin embargo, el anuario estadístico de la CEPAL presenta este único cuadro sobre la tasa de desempleo en México, referido a las áreas urbanas, según la cual en el año 2005 era de 4.8%:

http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2005/datos/1.2.17.xls

Igualmente, en ese mismo Anuario, la CEPAL consigna un índice de pobreza en México del 32.6%, muy lejos del 55% que presenta el reportaje. Esta “discrepancia” en los datos constituye una alteración de más de un 40% de lo real, como se puede ver en:

http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2005/datos/1.6.1.xls

También la cuestión de la Ethyl Corp y de S.D. Myers contra el Estado canadiense resulta discutible. No sólo porque ocurrió hace diez años y es mucho más compleja de lo que dice el “reportaje”, sino porque es producto de un momento histórico en el cual la humanidad apenas empezaba a acumular experiencia en las negociaciones internacionales, en la determinación de los alcances de la nueva institucionalidad y en el conocimiento de las carencias, defectos y deficiencias de sus compromisos. Los TLC no han inventado el pillaje, la corrupción ni la organización delictiva contra el Estado; tampoco obligan a los Estados a adoptar estrategias comunes y homogéneas. La privatización de las comunicaciones, por ejemplo, incluida la venta de los activos institucionales, fue una política que muchos países han pagado muy caro, pero de la que otros muchos han aprendido.

En el mismo Tratado nuestro, no todos los países optaron por una misma y única estrategia sobre las comunicaciones. Mientras que Estados Unidos mantiene la centenaria tradición privada en el suministro de esos servicios, Nicaragua optó por la privatización de la telefonía y la venta de acciones, mientras que Costa Rica encabezó la política de fortalecimiento de sus instituciones y el mantenimiento de la regulación estatal como condición para la apertura, la ruptura del monopolio y el paso hacia la competencia internacional. Quien no comprenda estas diferencias en la estrategia de desarrollo nacional, quien no ponga de manifiesto las diferencias de los países centroamericanos en esta negociación y no la vea plasmada en la negociación multilateral del TLC, o no entiende el momento histórico o simplemente miente por razones inconfesables.

Pero sigamos con el montaje audiovisual que quisieron vendernos como pura primera. La presentadora, como “prueba fehaciente” del daño de los TLC para la humanidad, afirma que más de cincuenta mil canadienses han quedado en la “banca rota” desde la firma del NAFTA. Sin embargo, la cifra que aparece en pantalla no coincide con la narración ya que el guarismo representado es “50.000.000”, lo que normalmente se leería como “cincuenta millones”. Pero no vaya usted a creer que es una ligereza o un error involuntario. ¡Nada de eso! Se trata de una calculada y conocida técnica subliminal tendiente a distorsionar la comprensión, a sembrar en la mente una imagen de proporciones masivas y a generar un estado de alarma que traspase la aprehensión racional de las ideas.

No hay duda de que este fraude fue bien elaborado desde el punto de vista televisivo y psicológico. Se trata de la fabricación de una monstruosa mentira. Sin embargo, sus responsables desprecian la capacidad intelectual y la propia inteligencia de los costarricenses. Una vez más, las despreciables y desesperadas maniobras del NO quedan en evidencia y patentadas en calidad de patrimonio para las nuevas generaciones.



18 de setiembre de 2007

Las razones del NO con toda franqueza

Juan Diego López

De acuerdo con los opositores al TLC, en el texto escrito no se dice lo que se dice ni lo que realmente se dice es lo verdaderamente dicho. El texto escrito no es lo que dice sino que lo que dice está entre líneas y allí dice exactamente lo contrario. Donde digo digo no digo digo, digo Diego, ¿recuerdan? Ahora donde dice dice no dice dice sino dice “Dice” y eso significa que habrá más casinos y que la pobre gente desprevenida perderá allí su patrimonio familiar.

Igualmente, donde se dice “mar patrimonial” no se dice “mar patrimonial” sino matrimonio marítimo y el matrimonio marítimo es un mar parimonial, que tiene su sede en el territorio marítimo, pero comprometido por un matrimonio arreglado, cuya potestad es materia de páneles privados que monoliporizarán el pan y se llevarán al ,mar, como patrimonio del matrimonio. Es simple: como los órganos humanos son órganos y como la institucionalidad internacional es orgánica, entonces los órganos internacionales serán traficados por los traficantes de órganos que ocupan puestos en los organismos internacionales y que están deseos de deshacerse de sus órganos y de los órganos de sus hijos.

El caso de las armas es aún más simple. Como firmaríamos un acuerdo con uno de los productores de armas más importante del mundo, las armas de sus arsenales nos armarían y, ya armados, tendríamos que firmar acuerdos de desarme, pero al desarmarnos, desarmaríamos la institucionalidad y con una institucionalidad desarmada quedaríamos a la intemperie y seríamos ocupados por vía de esas mismas armas. Por esto mismo, invertir en tanques, lanzallamas o misiles SAM es un negocio inestable. Lo mejor, ya todos los del SÍ lo han hecho, es invertir en un tribunal privado de resolución de conflictos.

Allí, la cuestión es más clara aún. Primero, que el tribunal no es de tres y como son más, ya resulta sospechoso y se debe exigir que sean tres, no los tribunos, sino los miembros del tribunal. Segundo, ese tribunal no tributa y, como no tributa es intributario y al ser intributario tampoco es tribunal: en realidad, está fuera de la ley y,ya sin tribunal, ¿quién tribunaría? Los tribunos, sobre todo los de elecciones, son del sí por lo que serían protribunos y ahí está la base de toda sospecha: protribunos con protuberancias pro TLC sólo puede producir “protubernios”, es decir, la sospecha de muchos contubernios pro TLC.

Con el agua, la cosa se aclara definitivamente. El agua no es el agua sino la agüezón de los lechos aguados y este tipo de aguazón guarapa todo el agua y la transforma en guata. Es decir, el agua guarapada en forma de guata nos agua la fiesta porque se la toman en el exranjero y nos dejan las botellas de plástico, cuyos residuos son esenciales para los abrigar desechos nucleares. La cosa no es que el agua no sea agua pesada, es que el agua es el despite para convertirnos en basurero de recipientes que será, pasados unos años, un laboratorio de reciclaje termonuclear.

Pasemos a la cuestión laboral. En donde dice laboral no dice laboral sino matorral. Aunque en la cita al pié de página dice “vegetal”, tampoco vegetal significa vegetal sino que se sospecha que sea “laboral” Pero entre “matorral”,“vegetal” y “laboral” hay una estrecha conexión pues todos pertenecen al reino animal. Y si todo se entiende como animal, necesariamente lo laboral será visto como tal y lo laboral será enterrado en el matorral y, así, lo laboral es parte de un plan criminal.. Laboral, animal y criminal tienen, por supuesto, una raíz empresarial. De esta forma, el sector empresarial, tratará al sector laboral como parte del reino animal y será reducido a un mero matorral.

Del trato animal al sector laboral deriva la cuestión ambiental del TLC. Como ya el reino animal fue convertido en vegetal en su forma de matorral y ha desaparecido el sector laboral, la cosa ambiemtal queda en manos del sector empresarial que, entregado a la corriente imperial, dará como resultado una carencia medicinal. Una vez que se apropien de la cuestión experimental, todo recurso natural pasará a la condición laboral, dominado por el sector empresarial, que de todas formas se entregará al mundo imperial y todo nuestro país quedará en condición precarial, regido en modo patriarcal, dominado por el gamonal y nada nada de lo sexual.

Por todo esto, es fenomenal la claridad esencial que nos transmite el grupo sindical sobre el TLC, sobre su maldad radical, sobre el irrespeto a la voluntad general, sobre el desconocimiento del Tribunal y la defensa de este mundo infernal del que apenas me importa un percal.

Vote SI, no haga caso de semejante berenjenal.

La decisión popular

Juan Diego López

Poner en manos del pueblo la decisión de suscribir un Tratado internacional es un ejemplo universal de democracia. Gobernantes que, contando con los medios legales, jurídicos y parlamentarios para aprobar e imponer sus criterios, optan por el pronunciamiento popular son un raro y verdadero ejemplo para la humanidad. Es así como el gobierno se convierte en instrumento de educación ciudadana y el ejercicio del poder regresa a sus legítimas fuentes: la soberanía popular. Quien no comprenda esto, quien no valore que el primer referendum en la historia costarricense es acerca de este Tratado internacional, es simplemente una víctima de la inconsciencia, del engaño o de la mala fe.

De la inconsciencia porque se pierde de vista que los gobernantes no quieren actuar a espaldas del pueblo y dejan en sus manos las decisiones estratégicas; del engaño porque una actuación política, que será motivo de orgullo para las futuras generaciones, es hoy presentada como una maniobra que desacredita toda nuestra historia institucional y todos los valores civiles, políticos y electorales que han moldeado nuestra peculiar nacionalidad; mala fe, porque en los círculos dirigen la oposición al TLC se barajan intereses inconfesables y un estado de privilegios sindicales que, lejos de ser conquistas populares, ofenden la dignidad nacional.

Poner en manos del pueblo la aprobación del TLC es ejemplo de la madurez política de nuestro pueblo. Es abrir las puertas al debate, a la contrastación de ideas y a un vasto entorno de educación popular. El referendum es la más auténtica y loable forma que, en el siglo XXI, adquiere la “fiesta cívica”. Un vasto banquete de ideas, opiniones y controversias y una escuela inigualable para la formación ciudadana, para la construcción de criterios sociales y políticos y para el fomento del respeto, la tolerancia y la comprensión acerca de las ideas ajenas. No importa que un reducido grupo de apóstatas de la democracia pretenda convertir el referendum en un espacio de sectarismo y persecución. Lo cierto es que la democracia costarricense saldrá fortalecida, consolidada y ofrecerá un modelo de convivencia y de acción política que no podrá ignorar ni la última de las satrapías de nuestro tiempo.

Por ello, las agencias de prensa cubanas, venezolanas y los restos del sovietismo internacional, han declarado el referendum costarricense como la batalla decisiva por su supervivencia y quieren pelear su modo de vida en nuestro propio territorio. Costa Rica es un problema muy serio y todos estos preferirían anularla. Daniel Ortega odia y envidia nuestro 98.5% de alfabetismo, no sólo de los más altos de América sino del mundo (la campaña de alfabetización en la Nicaragua sandinista, bajo su primer gobierno, dejó a su país con un 38% de alfabetismo del cual goza actualmente). La oprobiosa dinastía Castro, que ha hecho de Cuba el país más pobre, atrasado y desgraciado del mundo, teme que nuestro referendum, organizado por un órgano independiente del Partido, de los CDR’s y del gobierno, siente un modelo demasiado democrático de conducción política y ponga en peligro la aristocracia reinante en su país; y Chávez, que de todos es sabido su cortedad de mientes, teme más aún: la integración comercial de Centroamérica y el Caribe con Estados Unidos destruye sus desvaríos bolivarianos porque lo cierto es que Brasil, Argentina o Chile (los países más importantes de Sur América) ya ni siquiera sonríen de sus desplantes de opereta.

Costa Rica es un peligro en Nuestra América y el referendum pone en estado de alerta las prácticas políticas del vecindario. La intervención extranjera tiene un propósito claro, esencialmente pleonástico: o gana el no o la destruimos. Es decir, Costa Rica no puede seguir dando tan mal ejemplo al mundo como su tasa de alfabetización, su expectativa de vida, su consumo de calorías, su seguridad social, su ingreso per capita, su lugar en el índice de desarrollo humano, su solidez institucional, su sistema electoral, su cobertura telefónica, su acceso a Internet, su educación universal y hasta su selección trimundialista de fútbol...

Somos una nación preparada para jugar en las más grandes ligas, para destacar en los campos de la ciencia, de la tecnología, del arte y la literatura y para aportar un modelo político y económico y de convivencia social que daría sentido a la humanidad del siglo XXI.

El TLC, la integración con la economía más poderosa del mundo, es precisamente el espacio que necesitamos para desplegar todas nuestras facultades y potencialidades. Es el terreno perfecto para apropiarnos de nuestro destino y ser capaces de dejar nuestra huella en la definición del ser humano y de la civilización futura. Semejante paso en la historia de un pueblo tan chico y modesto como el nuestro provoca vértigo, incertidumbre e incredulidad, pero ¿no resulta increíble la gratuidad y universalización de la educación primaria en el siglo XIX, la abolición de la pena de muerte, la sustitución del ejército por una guardia civil y la abolición constitucional del ejército?

No tenemos un gobernante. Tenemos un gobierno educador. ¿Quiénes serán los valientes que seguirán el ejemplo de Costa Rica?

16 de setiembre de 2007

Editorial

www.tlcsi.com

Del palco a la gradería de sol
(O de cómo las universidades invadieron la cancha)

No hay duda de que los Consejos Universitarios de las principales universidades públicas cargarán sobre sus espaldas, porque conciencia no tienen, la malversación del ideal latinoamericanista de la autonomía y la independencia universitarias. En efecto, estos dos preceptos que definen la universidad como espacio del libre pensamiento y que se consagran en los principios de la libertad de cátedra y la democracia interna en la toma de decisiones, son un raro y asombroso privilegio en el contexto mundial. En ningún otro punto del planeta, desde Europa al Lejano Oriente, desde Estados Unidos hasta el mundo árabe, desde África al Japón y llegando a Oceanía, las universidades gozan de los privilegios de la autonomía, la independencia financiera y la libertad de cátedra. Esta extraordinaria conquista, que garantiza el libérrimo espacio para la exploración y la expresión del pensamiento, por más insólito, chocante o inspirador que resultare, es uno de los aportes fundamentales de la sociedad latinoamericana a la civilización universal.

No obstante, un puñado de concejales, pisoteando la misión histórica y la función universal de la Universidad latinoamericana, la han comprometido y manipulado con fines políticos e ideológicos particulares. Han reducido el espacio de la universalidad y la libertad a una tribuna electorera y a una tertulia irresponsable de políticos fracasados. Olvidaron que su designación es el resultado de una delegación democrática, no perpetua sino circunstancial y sujeta sólo al período por el que fueron electos; olvidaron que su función es la de garantizar el espacio, los medios y los recursos para que la comunidad académica debata sobre los temas de interés nacional y la de fomentar un ambiente de respeto, tolerancia y comprensión sobre las ideas en pugna; olvidaron, en suma, que ellos no son los protagonistas y ni siquiera los tramoyistas de la vida académica, sino solamente sus animadores, sus concertadores, sus organizadores.

El único partido que la Universidad puede tomar es el del compromiso con la libertad de expresión y el libre debate de las ideas. Debe mostrar ante la comunidad nacional los diversos resultados que brotan de su poderosa inteligencia y luchar denodadamente por su socialización y comunicación efectivas. Pero, tomar partido por alguna de ellas y convertirla en su visión oficial es la más vulgar de las traiciones a los fines superiores de la actividad universitaria y la función académica. En lugar de promotores y facilitadores del ejercicio de la inteligencia, los Consejos Universitarios se convierten en persecutores y conculcadores del libre pensamiento. Pasar de este acto ignominioso a la adhesión institucional a algún partido político es sólo cuestión de tiempo y que se defina a cuál candidato apoyará la Universidad.

En definitiva, la gradería de sol invadió la cancha y, ante resultados adversos, busca suspender el partido y pegarle al árbitro. El uno a cero fue el fiasco de los economistas de la UNA que, con 101 jugadas de gambeta corta, embarcaron al Consejo Universitario y lo pusieron en la ruta de la oposición. El dos a cero fue el dictamen de la comisión de juristas constitucionalistas de la UCR que exigía la inconstitucionalidad del TLC ad portas y que mostró a sus estudiantes cómo la ética profesional es relativa a las pasiones ideológicas del momento. Con el tres a cero, en jugada de pared con la Sala IV y el Tribunal de Elecciones y la convocatoria al referendo en firme, el rector del ITCR se salió de sus casillas. De acuerdo con las denuncias de los implicados, el rector se deshizo en improperios y parecía comandar las turbas agresoras.

La goleada enfurece al perdedor. Como ya no tiene argumentos serios para justificar la derrota y como ya se desquitó con el árbitro, ahora echa mano a subterfugios tales como la pésima organización, los contubernios institucionales, el exceso de tecnicismos, el reglamento importado de Maroco, el descuido con las armas, la cuestión del agua, la parcialidad de los periodistas, el problema del ambiente y, para demostrar que todos estos temas son ciertos, el equipo perdedor se va a la Escuela de Matemáticas de la UCR y contrata al doctor Poltronieri para que haga una encuesta de opinión que así lo pruebe.

6 de agosto de 2007

Ganadores y perdedores:

El impacto del TLC en la agricultura costarricense

Juan Diego López, M.Sc.

Luego de tratar el contexto en el cual se da el TLC, de criticar las evasivas, aparentemente serias del PAC, partidarios de ambas tendencias me han retado a referirme a los efectos negativos del TLC. Se trata de un punto sensible en el debate y, para quienes estamos con el sí, resulta un tanto comprometedor. No obstante me parece justo y muy necesario intentar esa óptica de la cuestión.

Naturalmente, todo cambio en las relaciones económicas tiene resultados negativos. Por más perjudicial que eso fuere para el referendo que se avecina, sería deshonesto negarlo. Estos efectos indeseados han sido estudiados extensamente en la literatura pertinente y, en el campo de las Relaciones Internacionales, han dado origen a una serie de medidas e instrumentos tendientes a controlar su impacto social. Señalo esto porque es necesario despejar la discusión de elementos de duda mal avenidos que pretenden dar la impresión de irresponsabilidad y desinterés respecto de estos efectos negativos. Lo cierto es que, tanto en la teoría como en los hechos, el estudio de las consecuencias indeseadas forma un campo disciplinario, lleno de análisis históricos, exámenes comparativos y denuncias, pero también pletórico de propuestas, de medios prácticos para la solución de esos problemas y de instrumentos de prevención y control de efectos indeseados.


1. Asimetría, riesgos e impacto negativo

Cuando dos países o regiones acuerdan cualquier tipo de vínculo de integración, lo primero que se toma en cuenta en las disciplinas científicas involucradas (Relaciones Internacionales, economía internacional, política internacional, derecho internacional, etc.) es la asimetría existente entre ambas realidades. El grado de desarrollo relativo es el elemento inicial y esencial para la regulación de las relaciones mutuas y para asegurar el beneficio recíproco de las acciones integrativas. Naturalmente, las iniciativas de integración parten de una base común mínima que sea capaz de soportar la fusión de ciertas actividades económicas y sociales. No obstante, las diferencias y desequilibrios detectados, antes que ignorarse o dejarse al azar, son objeto de medidas especiales que, normalmente, forman parte integral de los acuerdos.

Así, la integración de España, Portugal y Grecia a la Unión Europea estuvo acompañada de una serie de “medidas de contingencia” tendientes a suavizar los principales desequilibrios en los campos más sensibles (agricultura, comunicaciones, legislación, monopolios, etc.). También el proceso de integración entre Centroamérica y México ha estado acompañado de este tipo de acciones (conocidas como el Plan Puebla-Panamá) que buscan resolver las asimetrías detectadas mediante medidas de financiamiento y cooperación internacionales. Igualmente, el TLC contempla la llamada “agenda complementaria” que se propone controlar y resolver los efectos negativos que acarrea la integración, no sólo de diversas realidades regionales (Centroamérica y República Dominicana) sino el impacto de la vinculación regional con Estados Unidos, considerada la economía más poderosa del mundo.

En la jerga de las Relaciones Internacionales suele hablarse, más que de efectos positivos o negativos, de ganadores y perdedores. Esta denominación, tiene una razón conceptual. No se trata de efectos (positivos o negativos) como los resultados ciegos de las fuerzas naturales. Se trata del manejo consciente, planificado y deliberadamente asumido de una nueva situación en la vida social. En este concurso, muy por encima de los resultados esperados, de la asistencia y de la cooperación programadas, los protagonistas son los seres humanos. Y estos, como ha sido siempre y no dejará de serlo, al perseguir un sueño también asumen riesgos. El peor de los riesgos es el que se enfrenta solo y sin asistencia; pero aún con todo tipo de apoyo, el riesgo económico es un trance veleidoso. Sin duda, se parece más a una competencia en la que el fin es ganar, que a una acción social que se propone rescatar o salvar del infortunio. En la vida económica cotidiana, con TLC o sin él, se gana o se pierde y la responsabilidad por las decisiones parece ser intransferible.

Este riesgo, antes de que existiera el TLC o sindicato alguno, ha sido la norma de la vida económica y los niveles de estrés que provoca hacen que muchos desistan antes de empezar o que enloquezcan y se maten ante la sombra del fracaso. Suele decirse que en el fútbol la derrota es para aprender; pero, en las decisiones de la vida real, la derrota puede ser aniquilante. Ante una mala inversión no hay tribunal de apelaciones que valga y el peso de las decisiones cae sobre el ser humano, quien puede ser un banquero astuto, un campesino iletrado, un neófito impaciente o un viejo prestamista privado. ¿Quién no ha visto erigirse emporios económicos fabulosos y quién no los ha visto caer con la misma celeridad? Pero, naturalmente, el riesgo es un componente de toda la vida social. Todo tipo de decisiones (la compra, la venta, el crédito, el contado, la promesa, el compromiso, la adhesión, el respeto y las expectativas) se da en un contexto dominado por la incertidumbre. Y esto es lo que caracteriza la vida social sobre la vida ideal y paradisíaca.

Ni siquiera la expresión de los pensamientos más íntimos está libre de riesgos. Por plasmarlos en letras, en lienzos, en melodías o en versos, muchos seres humanos figuran en el panteón de la historia y casi todos ellos representan los ideales heroicos de la humanidad. Correr el riesgo es un valor supremo, en tanto que la indiferencia o el temor son concebidos como un acto de la más suprema cobardía. Tanto en el juego de la vida como en las relaciones económicas, el riesgo provoca ganadores y perdedores. Aquí, en lo que respecta al TLC, es que este juego se realice en condiciones justas y que estas estén regidas por el apoyo y la asistencia oportuna y suficiente. Sin ello, las relaciones sociales serían únicamente un medio de depredación, sin más ley que la fuerza bruta.

La minimización del riesgo y la limitación de las probabilidades de caer en el campo de los perdedores es un principio fundamental de las ciencias internacionales. No puedo dejar de referir que esta tendencia hacia el beneficio recíproco se revela, en modo prístino e inequívoco, con la desaparición de la bipolaridad mundial y el advenimiento de la era de la globalización. Todas las medidas de contingencia que orienten las relaciones internacionales y toda “agenda complementaria” en la negociación de acuerdos de integración, revelan un cambio profundo e insoslayable en el desarrollo de la civilización. El ascenso del individuo humano al escenario estelar de la humanidad, su reconocimiento como valor supremo y elemento dinamizador de toda la vida social, muestran claramente el “espíritu” que anima la civilización del siglo XXI, aunque aún tarde en imponerse y constituir el núcleo de las relaciones sociales.

Ahora bien, contrariamente a lo que dice el discurso retardatario, no existen ganadores o perdedores predeterminados ni caminos diseñados para llevar a unos al paraíso y a otros a los infiernos. En la vida social, y menos aún en las cuestiones económicas, existen ganadores o perdedores anticipados. Así como hay equipos aventajados, también hay grupos de alto riesgo. Es claro que aquellos sectores sociales, posicionados y consolidados en una actividad productiva o comercial, tendrán una amplia ventaja en el juego de la competencia económica. Pero esta ventaja casi no se diferencia de la que gozan actualmente, excepto por un hecho trascendental: si bien las empresas posicionadas pueden profundizar al infinito sus negocios, la nueva condición de apertura comercial libera todos los espacios y abre posibilidades infinitas para nuevos e infinitos posicionamientos en el mercado. La apertura comercial, lejos de significar una restricción a la participación social o una profundización de las actividades monopolísticas y la restricción del espacio económico, representa una potenciación de las posibilidades de acceso a la vida económica y al infinito desarrollo de la imaginación y la creatividad de todos los seres humanos. A las ventajas de los sectores ya posicionados, se suman las ventajas de acceso de nuevos e insólitos sectores productivos.

También las desventajas son compartidas por los sectores ya posicionados y los emergentes. Para entender este riesgo, lo principal es comprender que la calidad, la productividad y, en síntesis, la competitividad, son el aspecto central. Por más posicionamiento previo y experiencia productiva que disponga, la eficiencia productiva y el control de calidad serán el núcleo de la supervivencia y pervivencia en la vida económica de toda empresa. Las posibilidades de emplear los desarrollos tecnológicos de punta en su sector, de contar con la mano de obra más calificada y de poseer un entorno consolidado de proveedores de materiales y servicios, resultarán estratégicas. Allí es donde las diferencias entre empresas posicionadas y consolidadas (muchas veces al amparo político y de los privilegios bancarios) y empresas emergentes resultan contrastantes. Unas que cuentan con el prestigio, el capital y las garantías crediticias; otras que sólo cuentan con la habilidad artesanal, la idea precisa o el entusiasmo suficiente, pero carecen de los recursos económicos y los conocimientos empresariales para lograr un producto competitivo. Entonces, toda empresa no posicionada o consolidada, ¿habrá de sucumbir arrollada por las fuerzas ciegas del mercado? ¿Cuáles son y por qué los sectores productivos en más alto riesgo a consecuencia del TLC?


2. Costa Rica: entre la “vocación” y la “nostalgia” agrícolas

Así como se repite en todos los foros y se acepta como verdad innegable que los primeros y máximos ganadores del TLC son los consumidores, asimismo se subraya incansablemente que el sector agrícola es, potencialmente, el mayor de los perdedores. Digo que potencialmente porque no significa que lo sea necesariamente, sino que se trata de uno de los sectores de más alto riesgo. Y la preocupación por el futuro de la agricultura es amplia y sincera; sobre todo, si se parte del criterio de que Costa Rica es un país netamente agrícola. Pero, ¿cuál es el significado de esta aseveración? ¿Que somos un país de “vocación“ agrícola o que el principal componente de la producción nacional proviene del sector agropecuario?

La primera tesis, la de la “vocación agrícola” de nuestro país, más que una conclusión del estudio de la evolución económica de Costa Rica, es una posición romántica que pretende perpetuar el mito de la sociedad rural igualitaria como fuente de la nacionalidad costarricense y al campesino de la sociedad precafetalera, aislado en su minifundio, practicando una economía autosuficiente y compartiendo la pobreza y la ignorancia generalizada del colono enmontañado, como el ideal del ser costarricense. Esta concepción, ya hace tiempo identificada en la historiografía como el resultado de un ideologema nacionalista o como el producto de una interpretación arcaica de nuestra historia, no vendría al caso ahora si no fuera porque su reaparición en el debate sobre el TLC fue impulsado por la Iglesia Católica. En efecto, el ideal del costarricense del siglo XXI como el “labriego sencillo” de la época colonial, fue planteado en el “Comunicado de la Pastoral Social-Caritas con Motivo del Tratado de Libre Comercio”, del 15 de mayo de 2003, y firmado por todas las autoridades eclesiásticas del país. No voy a referirme al “lenguaje sindical” del texto, a las insinuaciones impropias sobre la negociación que allí externaron los obispos ni a su infundada y explícita posición en contra del TLC. Baste decir que el ideal del costarricense de la Iglesia Católica, a la altura del “buen salvaje” de Rousseau es, ya en principio, contrario al ser humano cosmopolita, de alto nivel cultural y de espíritu abierto y librepensador que proyecta la era de la globalización, de la Internet y de la sociedad planetaria de nuestros días.

La segunda tesis es más seria, menos dogmática y definitivamente menos retrógrada, pero igualmente tan equivocada como aquella. De repente, la aparición del TLC en el horizonte histórico de la región provocó una suerte de “nostalgia agrícola” que ha llevado, incluso a académicos y profesionales calificados, ha sobrevalorar idílicamente el papel de la agricultura en el conjunto de la producción nacional. Los propulsores de esta idea no se proponen devolvernos al pasado colonial o decimonónico sino que sufren del espejismo de una sociedad agraria que, si bien pudo ser la realidad de su época, fue feneciendo al ritmo de sus propias vidas. En efecto, para todos aquellos que nacieron en la primera mitad del siglo XX y aún en el período inmediatamente posterior, la sociedad agraria era el entorno inmediato de sus vidas. Las máximas aspiraciones de las clases medias de entonces se concentraba en esta alternativa: o consolidarse en un puesto público o convertirse en finqueros. Pero, esta última, representó el núcleo de la inversión privada y, con las sólitas excepciones de terratenientes y potentados, las expectativas del finquero aquel no alcanzaban siquiera las cortas fronteras nacionales.

Pero la realidad de la agricultura, incluyendo el sector pecuario, la silvicultura y la pesca, es muy otra. Ya hace mucho tiempo que la actividad agropecuaria dejó de ser el elemento determinante de la economía costarricense. Dejemos a los historiadores la tarea de mostrarnos la dinámica de esta transformación y la precisión del punto de giro que subordinó la agricultura a otros sectores productivos más dinámicos y rentables. Lo cierto es que ya para el año 2004, y a pesar de su crecimiento sostenido, el sector agropecuario representó el 8.5% del Producto Interno Bruto costarricense, concentró el 13.4% de la fuerza de trabajo y el 14.3% de la ocupación total del país. Para ese mismo año, según cifras del Ministerio de Agricultura, la industria manufacturera alcanzó un 21.8%, seguida por un 17.3% en el comercio, restaurantes y hoteles y un 13.1% en el rubro de transporte, almacenaje y comunicaciones. Estos dos últimos, como actividades directamente vinculadas al turismo, constituyen el 30.4% del PIB y representan el núcleo de la naturaleza actual de la actividad económica costarricense.

De esa manera, el sector económico de los servicios, a lo largo del quinquenio 2000-2004, logra una participación relativa en el PIB que supera el 65% en el período, en tanto que la agricultura, sumando la silvicultura, la pesca y la minería, alcanza un lejano 9.9%, muy por debajo de la industria manufacturera (21.8%), del comercio, restaurantes y hoteles (17.3%) y del transporte, almacenaje y comunicaciones (13.1%). El siguiente cuadro, según informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ilustra esta situación con mayor amplitud:

Baste este recuento para mostrar el espejismo de la llamada “vocación agrícola” del país, tanto como la equivocación sobre el peso específico que juega el sector agropecuario en la producción de la riqueza social costarricense. Sin embargo, el campo agrícola, el llamado sector primario de la economía, está lejos de ser prescindible y, por el contrario, su estímulo y desarrollo constituyen la punta de lanza en la penetración del mercado más importante del mundo y en la inserción de la economía costarricense en el mercado mundial.


3. Costa Rica como importador neto de granos

Como ya lo señalé en un artículo anterior, la producción agrícola costarricense se ha convertido en uno de los rubros más competitivos dentro del exigente mercado norteamericano y, en varios de sus productos, constituye el primer proveedor, prevaleciendo en una ardua competencia sobre países y productos de los cinco continentes. Este es el caso de la yuca, la piña, la pulpa de banano y el chayote. Otros productos tales como el café, el jugo de naranja, el melón, el banano, flores y capullos, minivegetales, alcohol etílico, raíces y tubérculos, plantas vivas y azúcar, poseen gran aceptación y gozan de una demanda creciente.

En el sector agrícola, Costa Rica posee una balanza comercial favorable con Estados Unidos. Esto significa que nuestro país exporta más de lo que importa en una relación cercana al tres por uno. Por más de diez años, Costa Rica ha exportado a Estados Unidos productos agrícolas por un monto de US$ 750 millones anuales, mientras que ha importado un valor promedio de US$ 240 millones. De esta manera, por cada tres dólares que vende a Estados Unidos, Costa Rica sólo gasta un dólar en importaciones agrícolas desde ese país. La conquista del mercado estadounidense ha sido un proceso largo y se ha dado al cobijo de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC); mediante el TLC se amplía el acceso para los productos costarricense hasta en un 98.7%. Pero lo que es realmente importante es que el TLC transforma el carácter de privilegio unilateral y temporal del acceso al mercado estadounidense en un derecho pactado e irreversible y protegido por las leyes y la institucionalidad internacionales.

Al parecer, los beneficios del acceso de la producción agrícola costarricense a uno de los mercados más grandes y ricos del mundo no despiertan sospechas ni es motivo de rechazo por parte de los detractores del TLC. Efectivamente, de los US$ 1.414 millones que representó el 8.5% de la participación agrícola en el Producto Interno Bruto en 2004, más de la mitad fue el resultado de la exportación hacia los Estados Unidos, con un valor cercano a los US$ 850 millones. Estas cifras evidencian que la eventual pérdida del mercado norteamericano representaría el verdadero golpe de muerte para la agricultura costarricense. Ahora bien, ¿cuál sería el impacto del intercambio bilateral en el sector agrícola con Estados Unidos? ¿Cómo afecta la política de subsidios norteamericana esta relación y cuál es la estrategia contemplada en el TLC para enfrentarla?

Para responder apropiadamente a estas preguntas conviene, en primer lugar, conocer la estructura de la importación agrícola costarricense. A pesar de lo que podría desear la “nostalgia agrícola”, Costa Rica es un país netamente importador de granos y alimentos básicos. Entre ellos se encuentran los componentes básicos de la dieta costarricense tales como arroz, frijoles y maíz (blanco y amarillo). No quiere esto decir que nuestro país no produzca estos distintos rubros, sino que su producción es ampliamente deficitaria y que se ve obligado a importar para solventar el desabasto y enfrentar la demanda interna. Sin embargo, la importación de estos productos constituyó más de la tercera parte del valor total de la importaciones agrícolas del país y, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, contribuyó en un 41.6% al crecimiento general de las importaciones del país. En el caso de los granos, además del arroz, frijoles y maíz, Costa Rica importa en importantes cantidades el frijol de soya (10.5%) y trigo (3.2%), pero las importaciones agropecuarias se extienden a los rubros de los alimentos (alimentos preparados, panadería, cereales, alimentos infantiles, confitería y chocolates, alcohol y jugos de frutas, que representan un 12.6% de las exportaciones agrícolas), los productos lácteos (leche y nata concentrados, quesos y requesones, lactosueros, sueros, yogurt, mantequilla y demás grasas de la leche, que han venido presentando una tasa media de cambio negativa), las carnes (pescado, mariscos y carnes bovina, porcina y avícola, que representan un 12.2%) y, finalmente, las frutas (manzanas, uvas y aguacates, que representan el 10.7%).

Como puede verse por la diversidad y porcentaje de nuestras importaciones agropecuarias, nuestra dependencia alimentaria es casi total respecto de la dieta básica costarricense y, por diversos factores económicos, ha venido profundizándose a lo largo de casi treinta años. Todos estos rubros de la producción agropecuaria constituyen los llamados “sectores sensibles” debido a que la debilidad e ineficiencia de la producción pone en peligro su pervivencia ante el proceso de apertura comercial. Naturalmente, los sectores sensibles más amenazados resultan aquellos conformados por microempresas de carácter familiar y las pequeñas y medianas empresas (PYME’s) que todavía no han alcanzado los niveles de productividad que demanda la competencia internacional. No obstante, se trata de sectores amenazados aun sin la existencia del TLC y, como veremos más adelante, los negociadores idearon diversos instrumentos de defensa y cooperación para permitir su desarrollo y consolidación o, en su defecto, facilitar la migración a nuevos y más eficientes nichos productivos.

Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor inmediato, tanto la modernización y el progreso de esas empresas agropecuarias como su desplazamiento y la apertura a la importación, resultan ampliamente positivas. En uno u otro caso, significa el acceso a productos de la más alta calidad a precios competitivos y el abandono de la política de consumir lo nacional aunque sea de la más baja calidad, lo cual constituye una forma de subsidio que recae sobre las espaldas de los propios consumidores. Tal es el caso de la papa costarricense que, de acuerdo con estudios recientes, no alcanza siquiera el mínimo de los estándares internacionales y condena al consumidor nacional a contentarse con uno de los productos más malos del mercado internacional. Tanto si lo productores nacionales alcanzaran los criterios de calidad que demanda el actual mercado mundial, como si fueren desplazados por la acción de la competencia, el consumidor, el ser humano de carne y hueso resultaría ampliamente favorecido ante el drástico incremento cualitativo de la oferta de este producto.


4. El impacto de los subsidios estadounidenses en la agricultura costarricense

Más allá del peculiar tipo de subsidio que representa el “caro y malo”, en el campo internacional se distinguen dos clases de subsidios estatales a la producción agrícola: los subsidios a la producción (que diversos países conceden para elevar la calidad del consumo interno o como una ayuda interna a los productores locales y que no provocan distorsión alguna en el mercado internacional) y los subsidios a la exportación, que sólo se otorgan a los productos destinados al consumo fuera de las fronteras nacionales y cuyo propósito es estimular la captación de divisas extranjeras. En su conjunto, la política de subsidios a la agricultura constituye una amenaza en el contexto del comercio internacional dado que tiende a perpetuar las asimetrías económicas entre los países y no solo ha sido condenada como el principal obstáculo al libre comercio, sino que también su eliminación es, en la actualidad, el tema de enconadas negociaciones multilaterales en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Como también sabemos, Estados Unidos figura a la cabeza mundial en el otorgamiento de subsidios al sector agrícola de su país. Desde hace muchos años, los países más pequeños vienen sosteniendo una lucha sin cuartel en los organismos multilaterales para que, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, disminuyan y finalmente eliminen sus respectivas políticas de subsidio a la agricultura. Es claro el convencimiento, tanto en el seno del Banco Mundial como en la Organización Mundial del Comercio, de que esta política genera graves distorsiones en el comercio internacional e impide a los países pequeños su acceso a los mercados en condiciones de igualdad. No obstante, en 2002 el Presidente Bush aprobó la “Farm Bill” (o Ley de Seguridad Agrícola) que otorga US$ 190 mil millones en los próximos diez años en calidad de subsidios a sus agricultores. Mientras tanto, en ese mismo año la Unión Europea introdujo modificaciones a la Política Agraria Común (PAC) que contemplaba subsidios por más de US$ 50 mil millones y, desde entonces, en medio de gran controversia que ha afectado incluso la adopción de una constitución política común, viene aplicando un complejo sistema de controles que condicionan la ayuda interna a la agricultura al cumplimiento de ciertas condiciones medioambientales. Lo cierto, a pesar de estos matices y de que la mayoría de los subsidios van dirigidos a la producción, es que las grandes economías mantienen una política deliberada de distorsión del comercio internacional.

En el caso de los Estados Unidos, el cual nos interesa en forma inmediata, las enormes cifras destinadas al subsidio agrícola seguirán siendo combatidas en los foros multinacionales y, de acuerdo con las proyecciones de analistas internacionales, la presión del comercio internacional obligará, eventualmente, a las grandes economías a abandonar este tipo de políticas. No obstante, en la situación actual, ¿cuál es el efecto de la “Farm Bill” y de toda la política de subsidios norteamericana en la apertura comercial costarricense mediante el TLC? En primer lugar, en el contexto de las negociaciones para el TLC los países signatarios, incluido Estados Unidos, acordaron la eliminación inmediata de todos los subsidios a la exportación. En segundo lugar, los productos agrícolas estadounidenses que se benefician de los subsidios gubernamentales son los siguientes: algodón, arroz, avena, azúcar, cebada, maíz amarillo, maní, sorgo, soya y trigo.

Ahora bien, Costa Rica no es productor de la mayoría de estos rubros. Tal es el caso del algodón, la cebada, el maíz amarillo, el sorgo, la soya y el trigo. Debido a la estructura de nuestras importaciones, los subsidios que Estados Unidos otorga a estos productos resultan ser positivos ya que nos permitirían la importación de estos rubros a mucho menores precios que en el mercado internacional. Ello no solo redundaría en el beneficio directo del consumidor costarricense, sino también en el de los productores agrícolas o alimenticios nacionales que emplean estos productos como materias primas. De tal manera que, en estos productos, el impacto del TLC y de los subsidios norteamericanos en la realidad costarricense resultaría ampliamente positivo. En el caso de la avena y del maní, debido a que nuestro país ni es productor ni consumidor destacado de estos productos, el impacto resulta o neutro o positivo.

Sólo restan dos productos que resultarían negativamente afectados por los subsidios norteamericanos. Se trata del arroz y del azúcar. Es precisamente en estos dos productos en los que se centran los efectos negativos de la apertura agrícola con el gran gigante del norte y en donde nuestro país podría sufrir sus más graves pérdidas. Si simplemente nos abriéramos al comercio, sin la intermediación de un instrumento que regule estas relaciones, el impacto en la producción nacional de estos rubros resultaría devastador. El ingreso al mercado nacional de las cantidades necesarias para satisfacer la demanda de estos productos, a los precios más bajos que permiten los subsidios otorgados a la producción en Estados Unidos, llevaría a la ruina instantánea a los productores nacionales. Debido al beneficio que representaría para el consumidor nacional, en cuanto a precio y calidad, ninguna campaña patriótica haría que el costarricense opte por el “malo y caro” que ha soportado por años en su consumo interno: las empresas arroceras y azucareras irían a la quiebra y desaparecerían rápidamente del medio costarricense. No quiero, ahora, referirme al verdadero beneficio social que estas empresas comportan al campesinado costarricense, cuántos pequeños productores forma este sector ni cuál es su impacto en la ocupación de la fuerza laboral del país. Lo cierto es que, siendo estos dos rubros los más amenazados en nuestro sector agrícola, ninguno de ellos ha sido dejado a su ventura ni en la fementida situación de “burro amarrado contra tigre suelto”.

Muy por el contrario, la producción nacional de arroz y azúcar ha sido uno de los aspectos en los que el equipo negociador costarricense del TLC hizo gala de su profesionalismo y patriotismo.


5. El caso del arroz en el TLC

El arroz es uno de los casos más sensibles y, con el fin simplificar la exposición, podemos tomarlo como ejemplo. En el TLC se contemplan dos tipos: el arroz en granza y el arroz pilado. En el caso del arroz en granza es necesario empezar diciendo que Costa Rica ha venido sufriendo un desabasto crónico de este grano. En los últimos tres años, el faltante alcanzó más de 140.000 toneladas métricas lo que ha obligado a su importación para cubrir el mercado nacional. De acuerdo con el texto del TLC, Costa Rica y Estados Unidos acordaron otorgar al comercio del arroz en granza un período de gracia de diez años. Esto significa que, desde ahora y hasta el 2017, Costa Rica no otorgará a Estados Unidos ninguna desgravación arancelaria para este producto. No obstante y sin perder de vista el desabasto real, Costa Rica otorgó a Estados Unidos el acceso libre de aranceles al mercado costarricense para un volumen de 50.000 toneladas métricas, el cual se irá incrementando en 1.000 TM para alcanzar al final del período de gracia un volumen de 60.000 TM. A partir del año 2018, la desgravación del arroz en granza será de un 40% hasta el año 2023 en montos anuales iguales y, a partir de ese momento, se desgravará el restante 60% hasta alcanzar el 100% a los veinte años de suscrito el TLC. En el caso del arroz pilado, se acordó un acceso libre de aranceles para un volumen de 5.000 TM y un crecimiento anual de 250 TM.

Si se produjera un incremento en el volumen de importación nacional de arroz, superior a las cantidades acordadas, se estableció la Salvaguardia Especial Agrícola (SEA). Este mecanismo de defensa constituye un arancel adicional que se aplicaría al arroz norteamericano si las importaciones del grano, durante el período de la desgravación, superaran el volumen pactado. Con ello, incluso las necesidades del mercado nacional provocadas por el desabasto del grano, durante el período de la eliminación de aranceles, vendría ser solventada, más menos, en las mismas condiciones que actualmente regula la importación arrocera desde Estados Unidos.

Ahora bien, al cabo de estos veinte años, tanto Costa Rica como Estados Unidos asumen compromisos estratégicos respecto del arroz. Por una parte, Estados Unidos se compromete a abandonar los subsidios a ese grano si aspira a gozar de una desgravación total en el mercado costarricense. Si ello no llegara a ocurrir, se mantendrían vigentes los aranceles previos al proceso de apertura y la situación comercial del arroz se mantendría en las condiciones actuales. Por otra parte, Costa Rica se compromete a emprender el proceso de desgravación del arroz procedente de Estados Unidos y de acuerdo con la evolución de los subsidios de la contraparte; pero, además, Costa Rica se ve obligada a poner en marcha toda una serie de medidas paralelas con el propósito de elevar la productividad y la calidad de su producción arrocera y a dejarla en capacidad de competir en un mercado internacional libre de subsidios. Para ello, contaría con los medios de financiamiento y cooperación internacionales (solo el Banco Mundial anunció pocos días atrás la cifra de US$ 9 mil millones para apoyar el proceso) y todos los mecanismos contemplados en la “agenda complemenaria”.

Como puede verse, tanto la protección a la producción nacional del arroz como la cooperación para su desarrollo o, en caso contrario, para su reconversión hacia otro sector productivo, se encuentran ampliamente contemplados en el TLC. Si en este período de veinte años, Estados Unidos elimina los subsidios al arroz y la producción arrocera no alcanza los parámetros requeridos, inexorablemente pasará al bando de los perdedores. No obstante, si en este largo período los productores se ven imposibilitados de alcanzar las metas establecidas, aún pueden echar mano a los mecanismos de “reconversión” que les permiten migrar a otros nichos, más novedosos y más productivos. De esta manera, podemos decir que los perdedores netos del medio arrocero serán aquellos que no logren adecuarse a los requerimientos internacionales y que sean incapaces de desplazarse a otros campos de la actividad productiva.

Como quiera que se vea, perder en el campo de la producción agrícola en el contexto del TLC parece ser una tarea más difícil y compleja que como la presentan sus detractores.

26 de julio de 2007

La Democracia Internacional

Juan Diego López, M.Sc.

Luego de mi última reflexión sobre el TLC, he recibido mensajes por las más diversas vías quiénes me instan a ampliar un aspecto de las relaciones internacionales que es de suma importancia y que dejé de lado. Se trata de lo que llamaría “la naturaleza democratizante” de las relaciones internacionales en la era de la globalización.

En mis intervenciones anteriores he señalado una cuestión que, para los fines de esta reflexión, es fundamental: la concepción de la globalización en términos de la superación de la vida política como el medio “natural” de las relaciones sociales. Sólo para efectos del presente razonamiento, me permito repetir que la liberación de la sociedad de la prevalencia de las relaciones políticas por encima de todas las demás, es un hecho trascendental en la historia humana. No sólo significa la ampliación del ser social en sus aspectos culturales, espirituales y propiamente humanos, sino también que es el triunfo del individuo humano, de sus motivaciones, anhelos y valores, sobre la masificación y la indiferenciación personal que le asignaran las sociedades anteriores.

Si la política es imposición (no importa si por la fuerza de las instituciones sociales o por la voluntad de la mayoría), su componente estructural es la violencia. De allí su comparación con la guerra y su definición como la continuación de la política por otros medios. Mientras prima la política sobre todas las relaciones sociales, los vínculos entre los seres humanos están regidos por la ley del más fuerte y por la capacidad de aplicar la violencia para conseguir los fines deseados. Como ya lo he dicho, esta “mentalidad” es la base de toda la historia de la humanidad y fue considerada como la única y auténtica “naturaleza humana” por filósofos y sabios de todas las épocas.

No hace más de veinte años, ante el surgimiento y desarrollo de la novedosa institucionalidad internacional, destacados juristas y pensadores sonreían ante el concepto de “derecho internacional”. Se creía, no sin razón, que esta variante jurídica carecía del elemento esencial que define y da la fuerza real al derecho: la capacidad de coerción. ¿Cuántas veces se condenó al régimen del apartheid de Sudáfrica y cuántas veces burló las sanciones internacionales impuestas? ¿Cuántas veces el derecho al veto de las grandes potencias moldeó y definió de acuerdo con sus intereses la acción de las Naciones Unidas? ¿Cuántas veces los países más débiles se agruparon en distintos tipos de organizaciones (los “no alineados”, la OPEP, la OPEB) para hacer escuchar su voz infructuosamente? En definitiva, en el clima de la guerra fría, de la polarización política mundial en dos bandos irreconciliables, inspirados en la doctrina de la disuasión militar y encerrados en sendos bloques ideológicos monolíticos, las posibilidades del derecho internacional eran muy limitadas y, no pocas veces, caricaturescas.

No obstante, la derrota del sistema socialista mundial y el fin de la bipolaridad internacional provocó un drástico giro en este panorama. Al fenecer la adscripción forzada, restringida y siempre condicionada a un bando político ideológico, los innumerables matices de la vida social desbordaron los cánones y patrones hasta entonces conocidos. La nueva sociedad, post socialista y post capitalista se abrió paso en forma vertiginosa. No creo exagerado emplear el término “eclosión” para caracterizar lo que sucedió en el panorama general de la civilización a partir de 1990. En medio de la maraña de acontecimientos, del cambio de la geografía política mundial, de la desaparición de la Unión Soviética, de la constitución de la Unión Europea, del fortalecimiento de la OMC, del abandono del aislacionismo estadounidense con la firma del NAFTA, se dio un hecho de espectacular importancia: en octubre de 1998, el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado por la Scotland Yard, mientras convalecía en una clínica londinense, por orden de un juez español y acusado de asesinato, tortura y genocidio. La relevancia de este acontecimiento fue resumida por el Ministro del Interior británico de esta forma: “... los que cometen abusos contra los derechos humanos en un país no pueden asumir que estarán a salvo en cualquier otro”.

No es casualidad que la fuerza coercitiva de la legislación internacional se mostrara en el campo del derecho penal. De acuerdo con la teoría jurídica, el derecho penal constituye el núcleo de la estructura legal de la sociedad y muestra la naturaleza de su vigencia real. Por así decirlo, revela la fuerza esencial que las normas jurídicas adquieren en un momento histórico determinado. Desde mi punto de vista, este hecho constituye el punto de giro en la transformación del derecho constitucional en derecho internacional y la adquisición del rango de un valor universal. A partir de ese momento, la legalidad internacional alcanza un fuero ineludible y abre un novísimo y profético panorama en las relaciones sociales del siglo XXI. Como una síntesis del desarrollo de las relaciones sociales en su conjunto, el derecho ya no sólo tiene una fuente nacional, validado por las normas jurídicas domésticas en las que se inscribe y en las instituciones que le otorgan su fuerza y legitimidad. Por así decirlo, el derecho penal se descentraliza y se convierte en un valor universal.

Ahora bien, la descentralización del derecho, su internacionalización y universalización genera e institucionaliza un “estado de derecho” en el cual la norma jurídica es igualmente válida para todos los sujetos que cubre. La legalidad iguala y es la base institucional de la democracia. Ningún individuo, como sujeto de la ley, se encuentra por encima de ella y su acatamiento, más allá de toda diferencia particular, es la regla general. Naturalmente, este “espíritu de la ley” es un hecho histórico y su observancia impersonal (más allá, de la riqueza, del prestigio o el poder de los individuos) se da en proporción directa al desarrollo y madurez de la sociedad en la que rige. La corrupción, el favoritismo o el prejuicio son vicios reconocidos y sancionados en todo sistema jurídico y su erradicación forma parte de los valores y aspiraciones de la humanidad.

No obstante, el salto histórico que protagoniza la humanidad hacia el siglo XXI con el desarrollo y universalización de la institucionalidad jurídica es inequívoco: la democratización internacional. Los sujetos de esta nueva modalidad del derecho público, los estados, sin importar sus dimensiones geográficas, su poderío económico o militar, son miembros de la comunidad internacional en igualdad de condiciones. Por igual, son sujetos de derechos y obligaciones y la eficiencia real de la norma jurídica, su coercitividad y punibilidad trasciende el plano moral y alcanza medidas materiales de gran trascendencia. Si bien no existe un legislador universal, el tejido jurídico internacional se forma y consolida por la acción recíproca de las partes involucradas. Los Estados, como sujetos activos del derecho internacional, acuerdan los términos de sus relaciones y establecen las normas concretas que regirán sus vínculos. Para ello, crean, actualizan y desarrollan una amplia variedad de instrumentos jurídicos en los que, más allá de su denominación, establecen las reglas que guiarán y normarán sus relaciones recíprocas.

Lo bueno, hasta aquí, es que el TLC se inscribe en la dinámica de la sociedad actual y se propone llevar las relaciones internacionales de los firmantes al nivel más civilizado de la convivencia humana.

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Uno de cada cuatro jugos de naranja que desayunan los estadounidenses, la tercera parte de los chips de todas las computadoras, todas las bolas de beisbol de las grandes ligas y la mitad de las flores que adornan sus casas son costarricenses.

Sigamos conquistándolos.

TLC

El "no", el "sí" y el "si no"del TLC

(Respuesta a Andrés Rodríguez)

Juan Diego López, M.Sc.

1. ¿Es posible discutir fructíferamente?


Voy a empezar por la última pregunta de tu comentario y que tengo la impresión de que representa el núcleo del planteamiento: "Será posible discutir de manera desapasionada y muy analítica sobre el hipotético ¿si nó?..."

Como ya sabemos por los aportes de Popper, Kuhn y Feyerabend, ni siquiera el método de las ciencias "duras" está exento del fuero de la pasión y la subjetividad. Al contrario. Es ese componente específicamente humano el que permite el acceso de la imaginación y el empleo de la creatividad en el aparente mundo de fórmulas impertérritas del discurso científico. La cuestión no está en erradicar la pasión o el entusiasmo de la discusión. Eso sólo generaría una equívoca impresión de neutralidad y respeto a las ideas ajenas que, antes que reparar en el fondo de la discusión, absolutiza su mera forma mediante el famoso "mesothés" o término medio aristotélico. Ejemplo: Bush puede decir solo idioteces en su debate presidencial, pero si dice sus dislates en modo adecuado, desapasionada e inhumanamente, gana el apoyo popular.

La discusión (polemós, en griego) es un contraste de ideas en el que lo fundamental se expresa en sus contenidos. La discusión sobre el TLC no puede ser desapasionada, a riesgo de que pierda su carácter humano. Lo que sí debe ser, lo que la diferencia de un arrebato emocional o del libre fluir de inconsciente, es que las ideas sean fundadas en el conocimiento aceptado y que guarden las más elementales reglas de la coherencia lógica. A esos dos criterios, surgidos de la tradición racionalista helénica y convertidos en los principios del arte de la polémica por Sócrates, el amigo secreto e imaginario de Platón, el mundo moderno exigió que la discusión observara una trayectoria ascendente y una dinámica evolutiva, de modo que las conclusiones parciales formaran la base y el bagaje de un desarrollo acumulativo. Sin estas reglas, más allá de si el tono es apasionado o flemático, la discusión se transforma en un mero ejercicio retórico que, como Sísifo, es obligado a comenzar cada vez desde el principio.

La discusión, la polémica, la contrastación de ideas, es pues un asunto serio, regido por ciertas reglas insoslayables y animada por la deliberada intención de ampliar el conocimiento, aún al riesgo de reconocer y aceptar el error en nuestros planteamientos. Por ello, sí, sí es posible discutir productivamente y hacer de la discusión un instrumento educativo y formativo, a condición de que los interlocutores opten honestamente por aceptar la fuerza de las razones..


2. Las bases políticas e ideológicas del “no”

Ahora bien, en general, concuerdo con tu tesis sobre la conformación social del no y aprovechando tu tipología me parece interesante explorar las motivaciones de unos y otros. Creo que, efectivamente, la “vieja guardia comunista” es el elemento esencial de este grupo y que, aunque no resulta el más numeroso, sí aporta la base ideológica general para el no. Pero, al contrario de lo que afirmás, me parece que sus motivaciones van más allá de una simple y pura actitud reactiva y negativa. El comunismo no ha logrado asimilar críticamente la desaparición del campo socialista mundial ni el fracaso de la teoría política leninista. No solo cifran sus esperanzas en la “recuperación” de la conciencia y el poder proletarios y celebran y apoyan la formación de un bloque de izquierda latinoamericano, encabezado por Hugo Chávez, sino que albergan un profundo resentimiento hacia los Estados Unidos. Para ellos, la derrota del socialismo deja al imperialismo norteamericano el campo libre para imponer un sistema internacional basado en la más pura depredación y entienden su oposición y resistencia como un acto de patriotismo y de defensa de toda la humanidad. Manteniendo la vieja tesis soviética del capitalismo como enemigo fundamental y de los Estados Unidos como enemigo principal, la resistencia antiimperialista ha pasado a ser la única motivación política y la consigna izquierdista por excelencia.

Desde esta perspectiva, no extraña que los sindicatos se conviertan en la vanguardia activa y militante contra el TLC. El sindicalismo nació como un instrumento de organización y control político del movimiento obrero y en la doctrina leninista se le definió como “faja de transmisión” entre las fuerzas laborales y la estrategia revolucionaria del Partido. El sindicato fue concebido como un frente de masas netamente partidario, como una prolongación de sus objetivos de lucha política e ideológica, pero convenientemente separado de su estructura organizativa y mantenido y financiado por los propios afiliados. Con la caída del sistema socialista mundial y la virtual desaparición de los otrora poderosos partidos comunistas en todo el mundo, su vanguardia sindical, autónoma financiera y orgánicamente, rescató a sus mentores comunistas de la total obsolescencia y puso a su disposición los enormes recursos financieros y organizativos que salvaron su desahuciada vigencia histórica. Por vía de la paradoja dialéctica de la historia, los sindicatos se convirtieron en el núcleo de los partidos de izquierda y estos pasaron a ser las formas de organización política de aquellos.

Este mismo patrón de la relación entre el Partido Comunista y los sindicatos, se repite y prolonga a las organizaciones campesinas, a las asociaciones de pequeños productores y comerciantes, al movimiento estudiantil y a los gremios de profesionales y académicos Todos ellos constituían frentes de masas del Partido y poseían representación en el Bureau Político y secretarias especiales en la estructura partidaria que atendían y planificaban su acción política e ideológica. Sin este arraigo estratégico en el corazón de los principales movimientos sociales, los ideales revolucionarios del comunismo sólo serían hoy un viejo y arcaico recuerdo del pasado, junto al anarquismo, al nihilismo, al socialismo utópico, a la orden de los Templarios o a los caballeros de la mesa redonda. Aunque disminuidos y supeditados a sus propios frentes de masas, los partidos comunistas o socialistas constituyen el referente político e ideológico de lo genéricamente llamamos “la izquierda”.

No obstante, la mentalidad de “izquierda” no es una propiedad privativa ni patrimonio exclusivo de los partidos “revolucionarios”. Junto a estas organizaciones obsolescentes, surgen los llamados partidos “emergentes” que buscan espacio político y oportunidad electoral en este nuevo escenario histórico. En Costa Rica hay infinidad de ellos, pero el que ha alcanzado verdadero impacto nacional, después de una carrera meteórica aunque llena de altibajos, de problemas organizacionales y carente de verdadero arraigo popular, es el Partido Acción Ciudadana (PAC). No nace como expresión de un movimiento popular o como respuesta a los problemas vitales de la vida social del país. En realidad, el PAC nace de una revancha personal de Ottón Solís y como una reacción vital de la añeja clase política desplazada del Partido Liberación Nacional (PLN). Con el PAC, se resuelve la vieja contradicción que desgarraba al PLN entre los sectores apegados a sus orígenes “socialdemócratas” y que abogan por el resurgimiento del Estado benefactor, y los sectores llamados “neoliberales” inspirados en la ideología de la apertura comercial, la inserción en el mercado internacional y la reducción del Estado a su función de instrumento de concertación, administración y orientación de la vida política de la sociedad. Al mismo tiempo que la resolución de esta contradicción en el seno del PLN, el surgimiento del PAC representa el deslinde definitivo de la sociedad costarricense entre estas dos tendencias ideológicas y la constitución de un nuevo bipartidismo, si bien todavía atrapado en los moldes heredados del pasado.


3. El “no” vergonzante o la tesis de la mala negociación

Como partido emergente, el PAC no sólo requería una definición ideológica sino un perfil político propio que le sirviera como mercancía distintiva en el mercado electoral costarricense. No recuerdo en este momento la posición de Solís o de Óscar Arias durante las negociación del TLC (no olvidemos que se realizaron durante el gobierno de Abel Pacheco, en el que ninguno de los dos tuvo injerencia directa), pero lo cierto es que el apoyo de Arias provocó la inmediata oposición de Solís y la acuñación de la tesis de la “mala negociación”. El mayoritario apoyo de la población costarricense al TLC impidió al PAC asumir una clara y vertical oposición ideológica y el subterfugio, nunca probado taxativamente, de la “mala negociación” le rendía al PAC dos beneficios inmediatos: se distinguía del PLN, reconociendo la importancia del TLC pero rechazando ese TLC en particular, y se distinguía de la izquierda tradicional y del galopante desprestigio del movimiento sindical mediante la demagógica propuesta electoral de una renegociación del TLC con Estados Unidos. Así, el PAC adquirió su propia personalidad político electoral y, quizá sin proponérselo conscientemente, polarizó las elecciones de 2006 entre el sí y el “no pero talvez” al TLC. El apretado triunfo de Arias, en las elecciones más reñidas en la historia costarricense, fue el triunfo del sí al TLC. Sin embargo, el logro del bloque mayoritario de oposición del PAC en la Asamblea Legislativa, se convirtió en el instrumento principal del boicot y de la puesta en marcha de todo tipo de medidas, incluso reñidas con la mera decencia ciudadana, contra el TLC.

Por estas razones, no concuerdo con la afirmación de que haya propiamente un sector social opuesto al TLC por considerarlo resultado de una mala negociación. En realidad, se trata de una consigna electoral fabricada como estereotipo comercial y del que sus propios militantes son incapaces de dar cuenta. Finalmente, tengo la impresión de que el discurso de oposición al TLC, debido a la depuración de los argumentos y a la demostración del carácter falaz de la mayoría de ellos, tiende a concentrarse en la tesis de la mala negociación. No faltarán, en la campaña que se avecina, las intenciones manipuladoras ni la circulación de falsedades. Sin embargo, la mala experiencia vivida hasta ahora por los falsificadores, el fallo de la Sala Constitucional sobre la legalidad del TLC, el rechazo social de los argumentos, maniobras y subterfugios de la oposición y el incremento estadístico de los partidarios del TLC, obliga a los detractores a presentar sus argumentos en forma clara y transparente.

Ahora bien, muy a pesar de la extensa popularidad del “término medio” o de la salida honrosa ante una alternativa, mucho me temo que el dilema que presenta el TLC cae en la figura del silogismo denominado “tercero excluido”. El que se plantee y defienda la presencia de Estados Unidos en el TLC no obedece a meras simpatías pro yanquis, a un espíritu entreguista, a la ingenuidad o a la complicidad con un tenebroso plan neoliberal. La presencia de Estados Unidos es el factor determinante de la enorme importancia que reviste el TLC, y esto por una razón económica trascendental y por el ejercicio del más elemental realismo político: Estados Unidos es ya el principal mercado de la producción costarricense en una proporción que supera el 50% del total de sus exportaciones a todo el resto del mundo. Sí solo por un momento, una semana, meses o por siempre, perdiéramos el mercado norteamericano no hay la menor duda que sufriríamos el más completo descalabro y la crisis económica y social derivada nos sumiría en la condición del país más pobre y atrasado del hemisferio occidental.


4. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el TLC

La exitosa penetración costarricense en el mercado estadounidense es el resultado de las complejas relaciones políticas y comerciales entre ambos países. Estados Unidos se ha caracterizado por una política exterior de naturaleza aislacionista y por un sistema comercial profundamente proteccionista. Muchos teóricos consideran que esta defensa de su interés nacional, de protección de su industria y agricultura de la competencia externa y de estímulo y subvención como estrategia de crecimiento y desarrollo económico, le permitió alcanzar el rango de superpotencia en un plazo relativamente corto. Por décadas, la posibilidad de colocar productos en el mercado norteamericano constituía una empresa onerosa, en virtud de los impuestos y trabas aduanales, y asfixiante debido al boicot de las Unions y a las dificultades que separan a los productos desde allí hasta su colocación y realización en el mercado. Esta situación, se repetía en todos los países avanzados de Europa y Japón.

Fueron los países europeos, como parte del proceso de su proceso de integración, los que pusieron en marcha medidas comerciales tendientes a superar la cooperación internacional en los términos de la asistencia caritativa y los sistemas de beneficencia internacional. La puesta en marcha de la cláusula de “país más favorecido” (que contemplaba diversas facilidades a la importación y la reducción o la exención de impuestos a los productos provenientes de las regiones favorecidas) por parte de las naciones ricas, formó parte de una lucha de los países “pobres” por lograr el acceso a los mercados más desarrollados. Los distintos países europeos empezaron su aplicación selectiva en la década de los años sesenta en favor de sus antiguas colonias en todo el mundo; Estados Unidos inició su aplicación una década después y, al calor de la guerra fría, cuando Centroamérica se convirtió en el punto más caliente del planeta, la administración Reagan lanzó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), una política unilateral y renovable periódicamente de Estados Unidos para permitir el ingreso de los productos de la región a su mercado nacional.

Al amparo de la ICC, Costa Rica ha logrado posesionarse en el mercado estadounidense con distintos productos y ha creado una relación comercial estable y continua. Por medio de la ICC, el café costarricense se ha convertido en el café gourmet más importante y competitivo en ese medio y extenderse a todo el mercado mundial. Hace apenas unos días, el café de Cosa Rica alcanzó los predios más altos del mercado en oda su historia y todo indica que su valor seguirá creciendo conforme amplíe su producción y desarrolle nuevas calidades dirigidas a demandas específicas de los consumidores. Además, Costa Rica es el proveedor número uno de yuca, piña, pulpa de banano y chayote para el mercado estadounidense Otros productos gozan de gran aceptación y prestigio en el mercado estadounidense, como instrumentos y aparatos médicos y veterinarios, banano, jugo de naranja, melones, flores y capullos, neumáticos, alcohol etílico, artículos de cuero, joyería en metales preciosos, refrigeradores, salsas de cocina y mesa, botellas y frascos de vidrio. A esto habría que sumar la producción de circuitos integrados digitales, que constituye el primer rubro de exportación e, incluso, la producción de software, al que pronto, al parecer, se unirá la producción de tecnología de punta para la industria aeroespacial. El mercado norteamericano para los productos nacionales se encuentra en pleno proceso de consolidación y ampliación.

No obstante, al depender de una iniciativa unilateral que el gobierno estadounidense otorga por voluntad propia, su permanencia y diversificación dependen también de su voluntad soberana. Incluso, ya ha anunciado la superación de este sistema de cooperación internacional y el avance hacia una nueva política de asociación comercial por medio de tratados de libre comercio. Ello no solo obedece a una ocurrencia norteamericana. También la Unión Europea, el segundo socio comercial costarricense, ha puesto en marcha políticas semejantes de asociación comercial como sustitutos de todo tipo de las antiguas medidas de cooperación internacional. Los criterios asistencialistas, de corte benéfico y las medidas unilaterales ya empiezan a dar paso a tratados comerciales que buscan la integración del comercio mundial y la profundización de la globalización en todos los rincones del planeta. No hay duda que, conforme entren en vigor y se generalicen los tratados comerciales, todas las antiguas formas de cooperación (la ICC y todas las medidas unilaterales de favorecimiento) perderán vigencia y desparecerán del escenario internacional.

Por esta razón, si Costa Rica se sustrajera al TLC, simplemente perderá los privilegios de acceso al mercado estadounidense y centroamericano y se aislará fatalmente de su contexto regional y, a la postre, de su entorno mundial. Sin embargo, aún podría creerse que quedan otros mercados y socios comerciales de importancia con los cuales tratar. Y es cierto. Pero la situación de Costa Rica no mejoraría ante esa perspectiva. La Unión Europea maneja políticas integrativas como base de cualquier tratado comercial. Esto significa que no negocia tratados bilaterales de ningún género y sólo toma en cuenta a otras regiones, igualmente integradas, como sus únicos socios comerciales. Japón, China y otros países asiáticos no sólo son ámbitos geográficos lejanos y de difícil acceso, sino que sus criterios comerciales son proteccionistas y restrictivos. Debido a su extraordinario potencial en cuanto a mano de obra, a estos países no les interesa importar productos elaborados, que de todas formas les resultarían más caros que los producidos en sus propios territorios. Por esta razón, estos países privilegian en sus relaciones comerciales sólo la importación de materias primas que les permitan poner en marcha sus fabulosos recursos laborales. De esta forma, Costa Rica quedaría absolutamente aislada del comercio internacional y sin posibilidad de acceso a los más importantes mercados del planeta.


5. ¿A quién beneficia el TLC?

En estas circunstancias, el “si no” como alternativa resulta un suicidio histórico y acarrearía las mismas graves consecuencias que el rechazo del TLC. Pero, para completar el panorama del giro histórico que enfrenta nuestro país, es necesario que valoremos los sujetos de las ventajas y desventajas del TLC y nos preguntemos a quién beneficia y a quién perjudica su puesta en marcha. Siguiendo la célebre metodología ideada por Séneca, también utilizada por Lenin para facilitar la orientación política e ideológica en situaciones de crisis y confusión, preguntemos: ”Cui prodest?” ¿A quién beneficia el TLC?

¿A quién beneficia la constitución de un mercado de más de trescientos cincuenta millones de consumidores? Como sabemos, el mercado nacional costarricense a duras penas sobrepasa los cuatro millones de personas. Aún considerando la totalidad de la población centroamericana como mercado potencial para nuestros productos y añadiendo toda la población del Caribe, este hipotético mercado apenas sobrepasa los cincuenta millones de habitantes. Pero, si además consideramos el desarrollo económico de ese mercado y precisamos su capacidad adquisitiva, el mercado real se reduce a la mitad (o quizá mucho menos) y nos quedamos con una población potencialmente consumidora que no alcanza el rango de un mercado de escala. Sin él, ¿cuáles son las posibilidades reales de ampliar la producción nacional, de elevar la calidad de nuestros productos a los estándares internacionales y de profundizar la competitividad de nuestros productores? Entonces, ¿quién se beneficia con el TLC?

¿A quién beneficia la eliminación de las trabas aduaneras para la exportación o importación y el establecimiento de un sistema común de reglas y procedimientos que normen la libre circulación de mercancías, servicios e inversiones en extenso territorio de los países adscritos al Tratado? ¿A quién beneficia la homologación de reglas de exportación e importación, de los procedimientos aduanales y la ampliación del mercado internacional? ¿A quién beneficia el establecimiento de un escenario claro, transparente y previsible para la circulación de mercancías, servicios e inversiones en el área de libre comercio? ¿Es que las empresas nacionales y extranjeras ya posicionadas en la actividad de importación y exportación podrían abarcar todo el espacio para los negocios y asfixiar las nuevas iniciativas? ¿Es que la concurrencia en el mercado de mega empresas, pymes y microempresas concentraría y monopolizarían la participación económica de todos los productos y servicios imaginables? ¿Es que el TLC castraría la imaginación y la creatividad de los seres humanos para inventar, desarrollar y comercializar nuevos productos?

¿A quién beneficia la ampliación y diversificación en el mercado nacional de productos y, eventualmente, de servicios internacionales? ¿A quién beneficia el incremento de la variedad en los productos de consumo y la ampliación y diversificación de su oferta? ¿A quién beneficia la existencia en el mercado nacional de la mejor calidad en los productos de consumo? ¿A quién beneficia la circulación de capitales y el incremento de las fuentes para la inversión productiva? ¿A quién beneficia la posible extensión del ámbito para la prestación de servicios profesionales, técnicos y artesanales en un espacio cien veces mayor que nuestra propia extensión geográfica? ¿A quién beneficia la eliminación de trabas comerciales y el fomento del espíritu empresarial?

¿A quién beneficia la aplicación de las leyes de propiedad intelectual y los derechos de autor sobre los productos de la inventiva, la creatividad y la imaginación de los individuos? ¿A quién beneficia el combate de la corrupción administrativa y la adulteración de productos en el campo del comercio internacional? ¿A quién beneficia la eliminación de los impuestos de importación y exportación de productos de consumo básico y la diversificación de su presencia en los mercados nacionales?

¿A quién beneficia la política de internacionalización de los estándares de calidad de la producción nacional y las medidas de reconversión y desplazamiento hacia nuevos nichos de la producción? ¿A quién benefician los plazos de hasta veinte años, con políticas de cooperación regional y planes de financiamiento preferentes para el desarrollo tecnológico, la automatización y la inserción en el mercado internacional? ¿A quién beneficia el adquirir la condición de socio comercial, sin importar sus dimensiones geográficas, su capacidad económica o su poderío militar? ¿A quién beneficia el otorgamiento de la condición de “nación más favorecida” en el trato comercial en el ámbito geográfico del Tratado?

¿A quién beneficia la ampliación geográfica de su territorio comercial y, sin embargo, mantener la plena soberanía en las decisiones en el concierto internacional de naciones? ¿A quién beneficia una negociación que obliga a la nación más poderosa del mundo a cambiar sus políticas subvencionistas en la producción agrícola, a cooperar en la elevación de la calidad productiva de sus contrapartes y a esperar veinte años para valorar la situación? ¿A quién beneficia una negociación que, en resumen, derrota la idea imperialista de un primus inter pares y rescata la dignidad nacional y su papel protagónico en la época actual?


6 ¿A quién perjudica?

La respuesta a estas preguntas, por somera que sea, obliga a replantear la composición de la base política e ideológica que se apoya el Sí al TLC. Pero, para profundizar aún más el análisis y descubrir los intereses que se mueven debajo de la discusión, podemos preguntar: Entonces, ¿a quién perjudica la firma del TLC?

¿A quién perjudica la potenciación del mercado para los productos costarricenses y la facilitación del acceso al mercado principal de sus productos y a uno de los mercados más importantes en la economía mundial? ¿A quién perjudica la simplificación de los trámites aduaneros para la exportación e importación y el establecimiento de reglas comunes más simples y transparentes? ¿A quién perjudica la eliminación de la situación actual en el campo aduanero, dominada por la corrupción, las “mordidas” y las “chizas”? ¿A quién perjudica la instauración de procedimientos más eficientes y seguros para el proceso de tasación y verificación de los productos y su ágil traslado a los centros comerciales? ¿A quién perjudica la homologación de los procedimientos aduanales en toda la región y el empleo de análogos criterios de eficiencia y responsabilidad laboral?

¿A quién perjudica la ampliación y diversificación de la variedad de productos, calidades y precios en el mercado nacional? ¿A quién perjudicaría la posibilidad de alcanzar oportunamente la libre circulación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo logístico entre todos los países de la región? ¿A quién perjudica la libre circulación de capitales, el aumento de la inversión productiva y el incremento de las fuentes de trabajo?

¿A quién podría perjudicar la apertura de las telecomunicaciones si, además del fortalecimiento del ICE contemplado expresamente en el TLC, permite la ampliación de la oferta y el cubrimiento de las demandas reales de la población de acceso a este servicio? ¿A quién perjudicaría la desaparición del espectáculo de miles de personas, en filas interminables, para adquirir un limitadísimo número de líneas celulares? ¿A quién perjudica la posibilidad de contar con la telefonía fija que ha esperado, incluso, por años? ¿A quién perjudica una atención oportuna y eficiente de la demanda real de los servicios telefónicos con la celoeridad que exige el mundo actual?

¿A quién perjudicaría la apertura de los seguros si el actual monopolio es fuente de escandalosos eventos de corrupción, de pagos multimillonarios de prestaciones a sus empleados, de pérdidas “inexplicables” del patrimonio institucional y de cobros indebidos en montos y deducibles? ¿A quién perjudica la competencia de condiciones y costos del seguro obligatorio de vehículos y de riesgos del trabajo? ¿Perjudicaría a los usuarios la existencia de diversas suplidoras de los seguros que, como en el caso de las pensiones, el Estado obliga a tomar?

¿A quién perjudica el que el TLC obligue a los Estados firmantes a aplicar las propias leyes ambientales propias de cada país e imponga multas a los Estados que por negligencia, intereses espurios o corrupción abandone o descuide sus políticas de protección del ambiente?

Basta analizar cualquiera de los extremos del TLC y las materias que regula (comercio, agricultura, inversiones, trabajo, propiedad intelectual, seguros, servicios y telecomunicaciones) para darse cuenta de que, realmente, su aprobación no admite alternativa. El “no” y el “si no” son opciones inviables, que atentan contra el futuro nacional y que solo benefician intereses particulares de grupos de presión que gozan de privilegios desmedidos (como los célebres pagos extra por el arribo puntual a sus labores de los empleados de JAPDEVA) y que no se avergüenzan de hablar en nombre de todos los trabajadores costarricenses.


2 de julio de 2007